En el debate público español es frecuente encontrar discursos políticos que, en nombre de la defensa de la identidad nacional, apelan sin descanso a consignas como “¡Viva España!”. Sin embargo, cuando se analizan las políticas efectivamente implementadas por ciertos sectores de la derecha española en materia económica, patrimonial y regulatoria, surge una tensión difícil de ignorar. Esta tensión se expresa en la coexistencia entre un nacionalismo discursivo intensificado y una agenda práctica que, en múltiples ocasiones, ha impulsado la enajenación de activos públicos estratégicos, la privatización acelerada de servicios esenciales o la cesión de capacidades regulatorias a actores privados o supranacionales.

Lejos de tratarse de un fenómeno estrictamente español, la literatura especializada ha documentado este patrón en diversas democracias occidentales, donde sectores conservadores o liberal-conservadores combinan una narrativa identitaria fuerte con políticas de apertura de mercado y privatización. En el caso español, este proceso puede observarse desde finales del siglo XX con la venta, parcial o total, de empresas públicas en sectores estratégicos como telecomunicaciones, energía, transporte o servicios financieros. Las fases más intensas del ciclo privatizador están reseñadas en análisis históricos y económicos que muestran cómo la reducción del sector público empresarial se integró en un programa más amplio de liberalización económica (Wikipedia).

La contradicción resulta especialmente llamativa cuando se contrasta la retórica de defensa patriótica con las consecuencias materiales de estas políticas. La privatización y la cesión de activos estratégicos no son, en sí mismas, ilegítimas; forman parte de debates económicos legítimos sobre eficiencia, competencia y sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el problema surge cuando estos procesos se presentan como inevitables o apolíticos, al tiempo que se mantiene un discurso que denuncia cualquier cuestionamiento como antipatriótico. Esta doble lógica erosiona la coherencia del mensaje y mina la credibilidad del discurso político.

Adicionalmente, la historia reciente de España incluye episodios ampliamente documentados de corrupción o tráfico de influencias que han afectado a representantes de múltiples partidos, incluida la derecha española. Estos casos, recogidos en informes periodísticos, sentencias judiciales y análisis académicos, muestran que el entramado de intereses económicos y políticos ha facilitado dinámicas de captura institucional que poco tienen que ver con la defensa del interés general (Wikipedia). Aunque la corrupción es un fenómeno transversal, su coexistencia con un discurso intensamente nacionalista produce un contraste particularmente evidente.

En síntesis, la distancia entre el discurso patriótico y determinadas prácticas políticas y económicas evidencia una forma de hipocresía estructural: se proclama la defensa de la nación mientras se impulsan políticas que, en ocasiones, debilitan la capacidad estratégica del propio Estado. Reconocer esta contradicción no implica negar el pluralismo ideológico, sino más bien exigir coherencia y transparencia a quienes apelan a símbolos y sentimientos compartidos para legitimar su acción política.